Sí señores, 130 familias corren el riesgo de empezar a pagar una vivienda de protección oficial, cuya construcción podría paralizarse por orden de un juez durante un tiempo indefinido. Y...¿Qué razones llevarían a un juez a esta terrible resolución?: pues nada más y nada menos que la ilegalidad y la inviabilidad del proyecto ganador para la adjudicación de las dos parcelas en la calle Marqués de La Ensenada, que el Ayuntamiento de El Astillero sacó a concurso para destinarlas a Viviendas de Protección Oficial. Dicho proyecto incumple las normas urbanísticas municipales (con excesos de altura y longitud de bloque con un 100% de exceso), y , lo que es mucho peor para el ciudadano, las normas estatales de accesibilidad a la vivienda. Se imaginan un edificio, en el que en más de la mitad de las viviendas , el acceso al salón sea una autentica barrera arquitectónica para una persona que use muletas, un minusválido o un anciano... sencillamente intolerable. Para que este proyecto pueda tener viabilidad, los cambios en él serían tan profundos, que el resultado final no tendrá nada que ver con la propuesta que el Ayuntamiento de Astillero eligió como ganadora; lo que convertiría el concurso en un juego sucio, sobre todo por la desigualdad de opciones con la han contado el resto de las propuestas presentadas que sí han cumplido las normas, tanto las del concurso como las de diseño arquitectónico. Esta terrible injusticia comprometerá el proceso gravemente, pues una impugnación del concurso, ganada de antemano, supondría la mencionada paralización de las obras en cualquiera de sus fases: ¿en qué situación dejaría eso a las 130 familias adjudicatarias de una vivienda de Protección Oficial?.
